Yosper, Washington D.C. (EE.UU.).
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) destinó 825.000 dólares a la compra de vehículos equipados con torres celulares falsas, una tecnología capaz de interceptar señales de teléfonos móviles y rastrear la ubicación de sus usuarios. La adquisición fue realizada en mayo de 2025 a la empresa TechOps Specialty Vehicles (TOSV), especializada en el diseño de unidades móviles para operaciones policiales y de inteligencia.
La adjudicación, según registros públicos, indica que el contrato busca reforzar el programa de operaciones técnicas de seguridad nacional mediante el uso de “vehículos simuladores de sitios celulares” (CSS, por sus siglas en inglés). Estos equipos permiten emular torres de telefonía móvil y captar información de todos los dispositivos que se conecten dentro de su rango.
El presidente de TOSV, Jon Brianas, confirmó a TechCrunch que su compañía integra este tipo de simuladores en los vehículos, aunque aclaró que no fabrica los componentes electrónicos ni de comunicación. Se negó, sin embargo, a revelar el origen de los equipos, amparándose en “secretos comerciales”.
Detrás de esta compra se revela una nueva fase en el uso de tecnología avanzada por parte del ICE para localizar y vigilar a individuos sospechosos o en proceso de deportación, una práctica que, aunque legal bajo ciertas condiciones, ha generado críticas por sus implicaciones sobre la privacidad.
La relación entre el ICE y TOSV no es reciente. En septiembre de 2024, la agencia ya había firmado un contrato similar por 818.000 dólares, evidenciando la continuidad de este tipo de adquisiciones a lo largo de distintas administraciones.
Según una investigación publicada por Forbes, el ICE utilizó recientemente uno de estos simuladores para rastrear a un presunto integrante de una pandilla con orden de expulsión emitida en 2023. Dichos equipos, conocidos popularmente como “stingrays”, funcionan imitando una torre de red celular para que los teléfonos cercanos se conecten a ella, permitiendo identificar y ubicar a sus propietarios con alta precisión.
Algunos de estos dispositivos, además de recopilar la ubicación, pueden interceptar llamadas, mensajes de texto y tráfico de internet, lo que amplía su capacidad de vigilancia. Su uso, sin embargo, está rodeado de secretismo, pues los agentes que los operan deben firmar acuerdos de confidencialidad que les prohíben explicar su funcionamiento o desplegar detalles técnicos.
De acuerdo con documentos obtenidos por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el ICE utilizó simuladores de estaciones base al menos 466 veces entre 2017 y 2019, y más de 1.885 ocasiones entre 2013 y 2017, según reveló también BuzzFeed News. Estas cifras muestran una práctica extendida en la agencia, pese a los cuestionamientos sobre la obtención de órdenes judiciales previas a su uso.
El ICE reconoció haber recibido las consultas de TechCrunch sobre este tema, pero no respondió a las preguntas relacionadas con el destino de los vehículos, las ubicaciones de despliegue o los criterios legales que rigen su utilización.
TOSV, con sede en Maryland, se especializa en construir vehículos personalizados para agencias de seguridad y rescate. Su catálogo incluye desde unidades de comando móvil y laboratorios forenses portátiles, hasta camiones de vigilancia y bibliotecas móviles. En su sitio web menciona proyectos para el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aunque evita detallar las tecnologías integradas en cada modelo.
Entre las versiones descritas por la empresa figuran los “Mobile Forensic Labs”, equipados con herramientas para análisis de evidencia en campo, y las “Mobile Command Vans”, destinadas a operaciones de coordinación y monitoreo. No se ha confirmado si alguno de estos modelos corresponde a los vehículos dotados de simuladores de sitios celulares adquiridos por el ICE.
En medio del creciente debate sobre la privacidad y el uso de tecnologías de rastreo, este contrato evidencia cómo la vigilancia digital continúa expandiéndose dentro de las agencias migratorias estadounidenses, con herramientas que combinan discreción operativa y capacidades técnicas de alcance masivo.
La ausencia de respuestas oficiales sobre los protocolos judiciales y los límites de uso mantiene abiertas las inquietudes sobre la transparencia y el control institucional en estas operaciones, que, según expertos en derechos digitales, pueden afectar la privacidad de ciudadanos no involucrados en investigaciones.
Con esta adquisición, el ICE reafirma su interés en consolidar un sistema de vigilancia móvil de alta precisión, mientras crecen las presiones de grupos civiles que exigen mayor supervisión sobre las tecnologías empleadas en la aplicación de las leyes migratorias en Estados Unidos.
